Mientras ayer el Ministro Joaquín Lavín daba explicaciones en el Senado y en la Cámara sobre las desvinculaciones en Educación, "El Mercurio" accedió a un informe del Gobierno, el cual revela que al 31 de mayo los despidos en todas las carteras totalizaban 1.373. Es decir, el 0,7% del total del personal civil que trabajaba en el gobierno central en 2009 (casi 197 mil personas).
De las 1.373 personas desvinculadas, la mayoría (764) estaba a honorarios y 569 a contrata, modalidad a la que corresponde más de la mitad de los funcionarios públicos desde 2007.
Esta cifra total no incluye las 1.256 personas a las cuales se les vencieron sus contratos (a contrata o a honorarios) y no les fueron renovados en el mismo período, como tampoco las renuncias voluntarias o el personal directivo de confianza.
Este informe interno lo solicitó el Ejecutivo para contabilizar todas las desvinculaciones que se han producido desde que asumió Sebastián Piñera.
Salud y Educación
Éstos dos han sido los ministerios con más despidos notificados (aun cuando Contraloría no haya tomado razón). Educación 399, y Salud, 262. En el primer caso corresponden básicamente a programas que la Dipres (Dirección de Presupuestos) evaluó mal y fueron eliminados, como Chile Califica. El ministro Lavín informó al Congreso de otras 66 nuevas desvinculaciones, ocurridas en junio, advirtiendo que el grueso del ajuste ya se hizo, y afirmó que el número de desvinculados no supera el 9%. En Salud, 196 a honorarios y 66 a contrata dejaron sus cargos. Los despidos de Salud son marginales frente a la cantidad de personas que trabajan en esta área, y que representan la mitad del sector público. Si se elimina esta cartera del cálculo, las desvinculaciones entre el 11 de marzo y el 30 de mayo ya no representan el 0,7% del total del personal, sino que el 1,15%.
Interior quedó en tercer lugar con 243 desvinculaciones que también incluyen personal de intendencias y gobernaciones.
El total de personas a contrata que salieron producto del cambio de gobierno fueron 569 y se estima que el grueso de los ajustes ya fue hecho. Durante 2009, el régimen anterior puso término anticipado a casi 4 mil contratas y el promedio de los últimos 5 años ronda en torno a las 3 mil.
Los tipos de contratos
La dotación total civil del gobierno central (excluye FF.AA., municipalidades y empresas públicas), de casi 200 mil personas, suma el personal a contrata y el de planta, éste inamovible.
"Aunque el sector público creció en 64% entre 1990 y 2008, la gran expansión ha sido por el lado de los funcionarios a contrata, que se renuevan anualmente y pueden ser convenidos hasta por un año máximo. Desde 2007 superan a los de planta", dijo Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo, con cifras de la Dirección de Presupuestos.
No existe el mismo seguimiento de las personas a honorarios, porque sólo se dispone del dato de sus contrataciones de los últimos 3 años. En 2009 sumaban 15.300, sin considerar los que son convenidos dentro de proyectos de inversión.
Contraloría emitió un dictamen el 20 de mayo que estableció que carecían de validez las cláusulas incorporadas u omitidas por el gobierno saliente. A los por contrata se les omitió que el contrato regiría "mientras sean necesarios sus servicios", y a los por honorarios se les añadió un párrafo obligando a notificar los despidos por escrito y con 60 días de anticipación, lo cual se cumplió el 11 de mayo, cuando el aviso se dio el 11 de marzo.
Según Hacienda, las cifras revelan que el cambio de signo político en La Moneda, tras 20 años de Concertación, no se tradujo en un terremoto en la administración pública, porque se ha desvinculado un porcentaje mínimo de los más de 122 mil funcionarios a contrata y a honorarios que se pueden remover. Y el ajuste para enfrentar la catástrofe de febrero tampoco se hizo con el personal, sino que a través de un decreto que recortó consumo y eliminó proyectos.
Oposición presenta acusación contra intendenta y busca sumar votos independientes
Dieciocho páginas tiene el escrito de la acusación constitucional que la Concertación, en conjunto con los diputados del PC, presentará hoy en contra de la intendenta de Atacama, Ximena Matas (independiente), y el gobernador de la provincia de Copiapó y subrogante de la jefa regional, Nicolás Noman (UDI).
El escrito -en el cual los parlamentarios trabajaron por cerca de un mes- busca encontrar responsables por el polémico instructivo distribuido entre los jefes de servicio de dicha repartición para solicitar la conformación de un listado con las militancias políticas de la totalidad de los funcionarios, así como el registro de quienes ejercen como dirigentes de sindicatos u otras organizaciones gremiales.
Finalmente, los diputados definieron que la responsabilidad caía no sólo en la intendenta, sino además en Noman, quien firma el oficio como subrogante el 26 de abril pasado. "Mediante la acusación constitucional, un grupo de parlamentarios formula la imputación de que una autoridad incurrió, con sus acciones u omisiones, en ejercicio de su cargo, en una causal que justifica su remoción", justifica el documento en uno de sus párrafos.
Entre las razones de la iniciativa opositora es establecer que los responsables violan el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad sindical de los funcionarios públicos, además de infringir los deberes básicos de las autoridades regionales.
El texto clarifica que "la causal no se sanea por retractación". Esto para evitar que la explicación que entregó la intendencia una vez conocida su exigencia -calificando la petición como una "inexactitud- pueda exculparla de responsabilidades.
Ayer, en reunión de los promotores del documento -entre los que se cuentan Gabriel Ascencio y Aldo Cornejo- se determinó que la iniciativa será respaldada por los cuatro jefes de bancada de la Concertación, cuatro parlamentarios DC y el PC Hugo Gutiérrez, para así completar las diez firmas exigidas por ley.
En la coalición opositora esperan que los diputados del PRI, Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, apoyen la acusación, ya que hasta ahora ambos se han mostrado abiertos a la idea. Por ello es que la apuesta en la Concertación es convencer a los diputados Miodrag Marinovic y Pedro Velásquez para que la acusación prospere.
Junto con la presentación de la acusación, se elegirá a la comisión que trabajará en establecer los antecedentes. Cinco diputados -elegidos por un sorteo en el cual no pueden participar aquellos que firman la acusación, además de los miembros de la mesa de la Cámara- tendrán seis días hábiles para recabar la información necesaria, incluyendo la citación de los involucrados a la comisión investigadora.
''La intendenta infringió la Constitución, pues dio preeminencia a intereses político-partidistas en lugar de los intereses generales, al solicitar credenciales políticas de sus subalternos".
''La intendenta, al exigir que los funcionarios revelen su participación pasada y presente en actividades sindicales, está introduciéndose en una esfera individual que la Constitución protege".
''La actuación de la intendenta vulnera la garantía constitucional del artículo 38 de la Constitución. Esta norma consagra la existencia de una "carrera funcionaria" que se base en principios de carácter técnico y profesional".
Párrafos de la acusación constitucional que será presentada hoy contra Ximena Matas
Lavín protagoniza encendido debate en la Cámara por despidos
"¡Qué se callen los fascistas!", gritaba un sector. "¡Qué se callen los cesantes!", respondía el otro. "¡Avanzar, avanzar, hacia el paro nacional!", retrucaba el primer grupo. "¡Ya tenemos Presidente!", vociferaban desde el otro extremo.
Ése fue el encendido ambiente durante las tres horas y cinco minutos que duró la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada ayer para analizar los despidos en el Ministerio de Educación. Y si en las galerías el ambiente era polarizado e incluso, a veces, llegando a la agresión, lo que ocurría con los honorables no era muy distinto. Todo bajo la atenta y siempre seria mirada del ministro de Educación, Joaquín Lavín, en el estrado como invitado.
Los parlamentarios de la oposición contaron con el respaldo y vítores de profesores, ex funcionarios del Ministerio de Educación y de otras reparticiones públicas que estuvieron acompañados por los presidentes de la ANEF, Raúl de la Puente, y del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
Los manifestantes aplaudían con fuerza intervenciones como las del diputado PPD Tucapel Jiménez, quien enrostró al ministro una "insensibilidad social" y, como la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, denunció la persecución política que se estaba realizando en el Mineduc. La misma situación vivió, por ejemplo, el DC Roberto León, quien alzando la voz dijo, mirando al ministro: "¡Si quieren enfrentamiento con los trabajadores, eso es lo que van a tener!".
De igual manera, los diputados de la Coalición por el Cambio tenían también su barra. Así, las ponencias eran festejadas con aplausos y gritos de apoyo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, tras la intervención de la diputada UDI María José Hoffmann. Desde su puesto señalaba: "Ministro Lavín, no permita que la guerrilla política lo haga retroceder en las reformas para lograr una educación de calidad". En tono más enérgico, el también UDI Sergio Bobadilla señaló: "La Concertación no se ha dado cuenta que perdió".
Tras las intervenciones, el ministro Lavín explicó su política de modernización y detalló la duplicidad de funciones que existían y los programas que había que reestructurar según la misma administración de Bachelet. Y remarcó que los despidos no superaban el 9% de los funcionarios del ministerio, que suman más de 4 mil. "El Ministerio de Educación maneja 9 mil millones de dólares, ¡es demasiada plata! Y aquí hay un ministro que va a cuidar cada peso para que llegue a los niños y a las familias. Quiero un ministerio con menos burocracia, con menos despilfarro", dijo.
''Aquí hay un ministro que va a cuidar cada peso para que llegue a los niños y a las familias".
JOAQUÍN LAVÍN
